Derecho electoral: reglas claras antes de la urna

Muy poco: el medio de control de nulidad electoral caduca a los treinta (30) días siguientes a la declaratoria de la elección o a la publicación del acto de elección o nombramiento (artículo 164 del CPACA). Es uno de los términos más breves del ordenamiento y no admite prórroga, de modo que la decisión de demandar debe tomarse con el material probatorio ya organizado.

Depende del cargo y de la corporación. La Constitución fija las inhabilidades de congresistas (artículo 179), gobernadores (artículo 303) y alcaldes (artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y siguientes), y la Ley 617 de 2000 junto con el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 las de diputados, concejales y ediles. Las causales que más candidaturas tumban son: haber ejercido autoridad en la respectiva circunscripción dentro del periodo legal, haber celebrado contratos con entidades públicas del mismo departamento o municipio, el parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad, las condenas y sanciones vigentes y la doble militancia. El estudio hay que hacerlo antes de inscribirse: después es tarde.

La Ley 1475 de 2011 y las resoluciones anuales del Consejo Nacional Electoral fijan los topes por cargo y circunscripción, las fuentes de financiación prohibidas y el deber de rendir los informes de ingresos y gastos por el sistema Cuentas Claras. Excederlos, recibir aportes prohibidos o no reportar expone al candidato, al gerente de campaña y al partido a investigación y sanciones del CNE, a la revocatoria de la inscripción y, según el caso, a la pérdida del cargo.

Es pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, o apoyar candidatos distintos a los inscritos por el propio partido (artículo 107 de la Constitución y artículo 2 de la Ley 1475 de 2011). Quien aspire a ser candidato por un partido distinto al que pertenece debe renunciar con al menos doce (12) meses de antelación al primer día de inscripciones. Es una de las causales más utilizadas para controvertir candidaturas y elecciones, y también una de las más fáciles de prevenir.

La nulidad electoral ataca el acto de elección: vicios en la votación, en los escrutinios o en las calidades del elegido, y se tramita ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad al elegido por conductas como la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del conflicto de intereses; para congresistas la regula la Ley 1881 de 2018 y la decide el Consejo de Estado, y frente a diputados, concejales y ediles la decide el tribunal administrativo. Son procesos distintos, con causales y efectos distintos, y pueden coexistir.

Sí, y el momento es determinante. Durante los escrutinios proceden reclamaciones ante las comisiones escrutadoras por las causales del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) —entre ellas actas falsas o apócrifas, error aritmético y votación registrada en mesas con documentos irregulares— y contra sus decisiones proceden los recursos ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que no se reclama oportunamente en el escrutinio difícilmente se corrige después.

No. Acompañamos a candidatos y campañas en elegibilidad, inscripción y rendición de cuentas; a partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos en avales, consultas y régimen sancionatorio; a corporaciones públicas y servidores electos en su defensa; y a ciudadanos y veedurías que quieren controvertir una elección o denunciar irregularidades. También asesoramos mecanismos de participación como la revocatoria del mandato y las consultas populares (Ley 1757 de 2015).